El concejal de Hacienda, José Hurtado (Los Verdes), presentó ayer un borrador de moción al pleno para que sea respaldada por todos grupos municipales «sin excepción» instando al Gobierno de España «a que ponga fin a la situación de inseguridad que se ha generado para los administrados y para los ayuntamientos con la paralización de la liquidación del impuesto de plusvalía (impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana)» a consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Este tributo municipal debería gravar la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos pero, en la práctica, era abonado siempre, aunque hubieran perdido valor. Tras la crisis inmobiliaria los casos en los que la venta de un inmueble produce pérdidas con respecto al valor de su compra son muy habituales. Desde Suma, órgano encargado del cobro por delegación municipal, se informó a los ayuntamientos de la provincia de que la sentencia «determina la imposibilidad de aplicar el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a los supuestos de detrimento o de inexistencia de incremento y ha remitido al legislador la definición de estos supuestos, por lo tanto hasta que el legislador no modifique la norma que regula el impuesto y con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y los derechos de los contribuyentes, se suspende la emisión de liquidaciones del impuesto de plusvalía ante la falta de normativa aplicable».

La actual situación de inseguridad jurídica ha provocado un «importante perjuicio que esta indefinición» está causando en los municipios y «muy especialmente en Torrevieja». También en otros municipios litorales y ciudades medianas de la provincia en los que el mercado inmobiliario de segunda mano es relevante.

En el caso de Torrevieja, los derechos reconocidos netos por el cobro de la plusvalía han pasado de 18.970.765 euros en 2016 a menos de la mitad en 2017: 8.785.960 euros, lo que supone una pérdida de 10.183.611 euros. El peso del impuesto ha pasado de suponer en 2016 el 19,5% de los ingresos totales del Ayuntamiento de Torrevieja al 9,68% en 2017. Solo en los últimos 4 meses de 2017, el saldo de este impuesto ha sido negativo, ya que mientras que la recaudación voluntaria ha sido de 259.114,86 euros, «y por vía ejecutiva de 282.964,36 euros, las devoluciones de ingresos ascendieron a 980.509,82 euros, lo que supone unos ingresos negativos de 438.430,6 euros», explicó Hurtado que, además, advirtió, tal como se recoge en la declaración de motivos de la moción, que «de no arreglarse la situación a corto plazo, se podría producir un importante déficit en la liquidación del presente ejercicio de 2018, en el que se han previsto unos derechos reconocidos netos de 12.933.144,64 euros». Hurtado dijo que «podemos correr cierto peligro por la minoración de los ingresos si seguimos con esta progresión, no solo en Torrevieja sino en muchos otros ayuntamientos».

La moción

El texto de la moción se apoya en una notificación de Suma, órgano encargado del cobro de la plusvalía por delegación municipal, «en datos económicos objetivos. En la situación real de las cuentas del Ayuntamiento sin valoración alguna y en las notas emitidas por la Federación Española de Municipios y Provincias», aseguró el edil. Con ella se insta al Gobierno de España a adaptar la normativa reguladora del impuesto al contenido de la Sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017, con el fin de «no someter a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos y, por tanto, inexpresivas de capacidad económica».

La moción pide acordar con los ayuntamientos las adaptaciones de la normativa estatal y una reforma global del impuesto que permita que la forma de cálculo de la cuota tributaria «refleje de un modo más fiel el verdadero incremento de valor de los terrenos».

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